La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una iniciativa de reforma constitucional enfocada en eliminar las pensiones excesivas que actualmente reciben algunos exfuncionarios de alto nivel dentro del sector público.
La propuesta establece que, a partir de su aprobación, las nuevas pensiones de ex trabajadores de confianza no podrán superar el 50 por ciento del salario del titular del Ejecutivo federal. La mandataria aclaró que la medida no será retroactiva, por lo que no afectará derechos ya adquiridos, pero sí evitará que continúen autorizándose pagos considerados desproporcionados.
De acuerdo con estimaciones oficiales, esta modificación permitiría generar un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos anuales, recursos que el Gobierno federal planea redirigir a programas sociales y acciones de bienestar.
Durante la presentación también se expuso el impacto financiero que estas pensiones han tenido en organismos públicos. En instituciones como Pemex, se detectaron casos donde algunos jubilados del régimen de confianza perciben montos muy superiores al promedio nacional, lo que ha generado presión presupuestal durante años.
La reforma contempla modificar el artículo 127 constitucional, con el objetivo de establecer límites claros a las pensiones de ex funcionarios de alto mando en empresas productivas del Estado, organismos descentralizados y dependencias gubernamentales.
El Gobierno federal sostiene que esta medida busca fortalecer la política de austeridad, promover mayor equidad en el uso de recursos públicos y garantizar que el gasto del Estado esté orientado prioritariamente al desarrollo social.
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