El proceso judicial contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y de seguridad. La Fiscalía General del Estado informó que el exfuncionario podría alcanzar una pena de hasta 158 años de prisión por su presunta responsabilidad en delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, delitos por los cuales ya se dictó prisión preventiva oficiosa.
La audiencia inicial, realizada de manera virtual con conexión desde el Cefereso de El Altiplano, se centró en los señalamientos de un caso que involucra al empresario Ramón Martínez Armengol. Bermúdez, quien en su trayectoria como mando policial fue conocido con los alias de “Comandante H” y “El Abuelo”, se reservó el derecho a declarar, mientras que su defensa pidió la duplicidad del término constitucional.
El fiscal general Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros indicó que el proceso se mantiene bajo estricta confidencialidad, pero advirtió que otros exfuncionarios de la dependencia también son investigados. Esto abre la posibilidad de un efecto dominó que alcance a diversos actores de la vida política local y nacional.
En paralelo, el tema escaló a la arena legislativa: el diputado federal Federico Döring, vocero del PAN, exigió que el líder de senadores de Morena, Adán Augusto López, rinda cuentas en torno a este caso, dado que fue titular del Ejecutivo estatal en el periodo donde se habrían cometido los presuntos delitos.
La FGE aseguró que el caso se llevará con apego a la ley y bajo vigilancia estrecha de instancias federales, dada la relevancia del imputado y las condiciones de su reclusión en un penal de máxima seguridad. Mientras tanto, la atención pública y política en Tabasco se centra en el desarrollo de un proceso que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en las instituciones de seguridad.
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